Durante el último año he contrastado a menudo estados de ánimo con extranjeros hermanos de lengua y con españoles emigrados en cuyos rostros he visto la claridad de la decisión. Ya en el avión de regreso, nada más mirar de reojo la portada de los diarios, las sensaciones empiezan a cambiar de signo. La luz peninsular, graciosamente indecisa, entre europea y africana, proporciona un minuto de ilusión, pero tarda poco en dejar paso a la sombría impresión de retornar a un estado de cosas gris y amenazador, que se confirma con el primer informativo. Las noticias transmiten una sensación de estancamiento insoportable, de recaída en una especie de castigo divino. Me refugio en la distancia de la curiosidad etnográfica para anotar esta observación: la naturaleza en mi país tiene virtudes que se apagan en cuanto alzan la voz sus nativos.

Al caudal obtenido por procedimientos ilegítimos, puesto a salvo en paraísos fiscales y ratificado por el apaño legislativo, la negra avaricia de nuestras élites puede añadir en la columna de su haber el desánimo completo de la sociedad española. La especulación que se apodera del bien común no solamente ha desangrado la economía y aflojado el pulso del cuerpo social, sino que, al pretender hacer pasar por bueno un estado corrupto, ha dejado al país sin espíritu, literalmente desalmado. He aquí el efecto más temible de la crisis. En otras latitudes la maldad actúa sin máscara, pero en España aspira a ser bendecida por un carcomido derecho de señorío, a justificar el sometimiento de las clases populares y la apatía de los jóvenes con una democracia de cartón piedra que se publicita en imágenes digitalizadas.

La pérdida anímica de la sociedad española tiene sobrados precedentes históricos: en el bandolerismo primitivo, en la corrupción de la nobleza aliada con la delincuencia, en el anhelo de fortuna desmedida, en el desprecio por los oficios manuales, en el ideal imposible de la limpieza de sangre, en la exaltación de la fe reducida a espectáculo. Pero está a punto de consumarse precisamente cuando los españoles parecíamos haber llegado por primera vez a un consenso para poner remedio a nuestros males atávicos. Un falseamiento paulatino de los artículos de la constitución relativos al estado social libre y de derecho, a la soberanía popular, a la separación de poderes, a la nación de naciones, está al cabo de lograr lo que no pudieron siglos de absolutismo, la cansina alternancia en el gobierno de los partidos burgueses y las dictaduras militares.

La explicación de estos hechos es simple, aunque de intrincada apariencia, y debe ser urgentemente compartida con las jóvenes generaciones tanto en casa como en la escuela. El sistema de partidos ha protegido la alternancia excluyente de la derecha tradicional con la socialdemocracia, garantizándose el beneplácito inicial de los nacionalismos conservadores, que luego acaban por pasar factura. El predominio de los partidos de gobierno, tanto a nivel estatal como autonómico, se sostiene sobre dos pilares fundamentales: la especulación financiera y la manipulación de la opinión pública. Los especuladores financian a los partidos de los que obtienen contratos prometedores, los partidos favorecen a los grupos mediáticos afines, los grupos mediáticos aprovechan su influjo para engrosar las cuentas de sus directivos.

Esta circulación del poder no constituido influye poderosamente sobre el voto, que es el único modo de participación democrática, y secuestra la soberanía popular, obligándola a pasar por el aro de la filiación clientelar. No hace falta perder mucho tiempo en discusiones sobre formas del estado que son mero decorado de teatro: vivimos sometidos a una oligocracia financiera, partidista y mediática. Quien no participa en el reparto de favores económicos, de cargos públicos o de horas de entretenimiento deportivo, está virtualmente fuera del sistema. Si todavía dispone de un puesto de trabajo, gracias a un oficio ajeno a la especulación, a la política de ámbito nacional o local, a los operadores de comunicación, está seriamente amenazado de perderlo, por muy liberal y respetable que sea su profesión.

Algo parecido ocurre en la mayoría de los países occidentales que nos han proporcionado el modelo, pero aquí el cerco que amenaza a la democracia se estrecha rápidamente debido a algunos factores determinantes: la apropiación de las estructuras sociales por parte de las élites más voraces y la calculada dependencia de la judicatura o de la Agencia Tributaria respecto del ejecutivo agravan las consecuencias de la cesión de la soberanía popular en manos de los partidos mayoritarios, de quienes los financian ilegalmente, de los medios que encubren la manipulación de la opinión pública bajo un ligero y pegajoso barniz de independencia informativa.

La mentira se ha convertido en sinónimo del quehacer político, justificada por las técnicas de imagen y por los índices de audiencia. Son incontables los casos en que los responsables públicos mienten sin recato en los medios de comunicación o en las audiencias judiciales y, cuando sus mentiras son puestas al descubiertο, prosiguen tranquilamente en sus cargos. Cada vez es más difícil que la verdad se abra paso en la política española. Los jueces que se atreven a plantar cara a la corrupción se ven obstaculizados o apartados de sus funciones. En particular quienes ponen el dedo en la llaga de la banca que ha servido para expoliar y endeudar a las comunidades locales, corrompiendo a sus funcionarios, extendiendo la red de la infamia por las cuatro esquinas del mapa.

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Buenos días amigos:

Es un honor representar en este acto a los artistas que han colaborado con La Marató de este año, cantar en lengua catalana una famosa melodía internacional, en compañía de excelentes músicos, productores y técnicos, y tener la oportunidad de ayudar un poco a la investigación médica, en un momento en que es más necesario que nunca. Esta colaboración me ha dado que pensar y quisiera compartir con ustedes un par de ideas rápidas.

Trabajo buena parte del tiempo en Barcelona, soy por tanto consciente de lo que significa La Marató en la sociedad catalana. Es para mí un privilegio poder tocar con la mano esa cadena solidaria con la que los catalanes se sienten identificados. Es muy importante que los que venimos de fuera reconozcamos el valor de estos hechos. Es muy importante que la iniciativa o la respuesta ciudadanas mantengan vivo el pulso de la sociedad.

Hablando más concretamente, resulta interesante comprobar lo que ocurre en el terreno artístico, cuando se suman energías y puntos de vista distintos en un proyecto como La Marató. Medios de comunicación de gran alcance, un productor y un equipo técnico acostumbrados al mainstream, a hacer canciones que venden, se juntan con músicos de diverso pelaje, algunos de ellos especialistas en rodar por los márgenes del negocio. Resulta que en nuestra versión de Cinema Paradiso esas calidades se hacen compatibles y dan lugar a un producto que suena internacional. Resulta que somos capaces de alcanzar un arte popular sin renunciar a la exigencia estética, cuando no hay intereses comerciales de por medio. Es una lección que conviene tener en cuenta.

Por último, como cantante y estudiante de letras, debo añadir que para mi ha sido apasionante buscar el modo de decir la palabra exacta en una lengua que no es mi lengua natal, pero es una lengua hermana. Las cuestiones fonéticas me apasionan, esas pequeñas diferencias que indican una manera de ver la vida. Es una suerte poder apreciar la vida desde dos fonemas cercanos, pero distintos.

Ojalá está campaña recaude un dineral que se destine por entero a estimular el trabajo de los investigadores y contribuya a sostener sin desmayo la pelea de los enfermos y de sus familias.           

Cuando los historiadores consideren con perspectiva la política española de las últimas décadas, se verá probablemente clara la tendencia de una parte significativa de la derecha a recuperar sus ínfulas de dominio –que el fin de la dictadura le había obligado a disimular– por medios legítimos o ilegítimos: la adecuación de las leyes a sus fines particulares, el manejo de las audiencias, la apropiación de una riqueza sin control, la pugna por la privatización selectiva de la salud, de la justicia, de la escuela y de los bienes naturales. Sus sectores más codiciosos, falsos e inmorales están poniendo al borde de irse a pique –una vez más– un lento, costoso y frágil proyecto de democracia.

Este último giro histórico no hubiera sido posible sin el consentimiento de un socialismo debilitado por el ejercicio del poder y de las finanzas, contaminado de autoritarismo y arte del disimulo, que ha especulado en nombre del bienestar. Amparados por una ley electoral que protege su alternancia, los dos grandes bloques se han repartido la cesión de la soberanía popular con los partidos nacionalistas –que a su vez han manejado interesadamente la espita del independentismo– y han creado con empresarios y financieros tramas clientelares que desembocan en corrupción generalizada.

Creyendo poder ahuyentar fantasmas del pasado en brazos del capital internacional, el estado salido de la transición se ha sustentado en terreno inestable. La exigencia de renovación empieza a ser clamor popular y esta vez un pacto entre partidos no será suficiente. La sociedad –es decir, cada uno de nosotros– tiene que ejercer el poder soberano más allá de su definición meramente nominal, aunque todavía no sepamos cómo hacerlo. Legisladores y jueces están en la obligación de facilitar los medios para avanzar hacia una democracia participativa, controlada por la ciudadanía y por aquellos de sus representantes que trabajen estrictamente por el bien común.

Empecemos por compartir en nuestros círculos próximos una reflexión decidida y –de ser posible– serena, capaz de apreciar matices. Cuando un estado de conciencia se generaliza, como ocurrió al final de la dictadura, las cosas se aprestan a cambiar. Hay que poner en marcha un movimiento de confluencia de ideas entre los sectores de la sociedad que no estén condicionados por el ansia de poder y de lucro: las clases trabajadoras, las asociaciones ciudadanas, las profesiones liberales, los intelectuales, los estudiantes, los parados jóvenes y viejos en busca de un quehacer digno, los votantes honestos y responsables tanto de izquierdas como de derechas.

Los conceptos de izquierda y de derecha resultan confusos, gracias a la movilidad de las ideologías liberales. Pero es bueno recordar lo que designaron y designan, más allá de los tópicos para orientarse en un espacio señalizado por la mano que gobierna. Nuestro lenguaje está plagado de prejuicios milenarios. Lo "derecho" se confunde con lo recto y lo "siniestro" con lo oscuro. De manera algo más clara, Aristóteles distinguía entre quienes ponen por encima de todo el amor a sus semejantes y quienes anteponen el amor a las posesiones materiales. Dos milenios después, Gilles Deleuze decía que lo propio de la derecha es considerar su interés particular inmediato, mientras que la izquierda contempla el horizonte de la generalidad de lo humano.

Por emplear una vez más los viejos términos, media sociedad española tiende a votar a la derecha y la otra media a la izquierda. Unos consideran que la riqueza y el poder pertenecen por derecho natural o hereditario a una casta privilegiada, otros reclaman el fin de esos privilegios. Algunos creen todavía que han nacido para mandar y otros para obedecer por decreto divino. No somos una excepción entre las naciones, pero en España esa polarización se agrava con facilidad por carencia de tradición democrática y porque sus diversos pueblos no han superado el nivel de la autocomplacencia, de la desconfianza ante lo cercano, aunque han asumido la costumbre de rendir pleitesía a un poder alejado.

No podemos vivir de espaldas a estos hechos y parece vano ceder la iniciativa al bipartidismo para resolverlos. Hace falta regular los límites a partir de los cuales la desigualdad, más que natural o hereditaria, es artificial e ilegítimamente inducida. En nuestros días esos límites son muy explícitos. Empresarios, financieros y partidos corruptos tendrán que aprender a respetar a un pueblo que manifieste la voluntad de hacer efectiva su soberanía, en vez de aceptar como norma el afán de poder, la codicia y la irresponsabilidad social. Esa es la tarea de las nuevas generaciones, cualquiera que sea la filiación política de sus familias.

Será preciso un ejercicio de inteligencia al que no es fácil acostumbrarse oyendo repetir a diario consignas por triplicado que camuflan la verdad. Poner en práctica, incluso, el arte de la paradoja: medidas que aúnen el civismo con la radicalidad de una revolución social pendiente en más de un aspecto. Habrá que cuestionar la forma del Estado hasta donde haga falta sin recaer en la barbarie. La monarquía no ha conseguido legitimar su papel mediador de manera indiscutible; por inercia natural se ha inclinado del lado de los privilegios. Quizá alcance a preservarse como institución histórica, si contribuye a profundizar el sentido de la democracía futura, es decir –por seguir con las paradojas–, a fortalecer un concepto de soberanía que en esencia no puede ser sino republicano.

No debe extrañarnos que en algunas de nuestras comunidades se acrecienten los deseos –latentes e irresueltos desde hace mucho– de dar la espalda al proyecto unitario. No podemos limitarnos a hacernos los ofendidos ni ahondar en el desapego. Todo indica que nos necesitamos unos a otros para ganar un porvenir todavía indeciso, tanto en lo económico como en lo cultural. Si algunos territorios llegaran a independizarse, surgiría a renglón seguido la necesidad de retomar hilos que nos ligan a una trama compleja, aunque no sean suficientes como para soportar el peso de la uniformidad impuesta.

Cuando Roma invadió la vieja Iberia, codiciosa de míticos minerales, sus letrados justificaron la necesidad del imperio civilizador por la naturaleza bárbara y poco honesta de la mayor parte de las tribus peninsulares, por su incapacidad para confederarse. Hoy estamos prácticamente en lo mismo, frente al imperio actual de los bancos norteamericanos y alemanes.

Tal vez sea concebible otra suerte de unidad, tramada desde abajo con hilo más fino y resistente, entre pueblos que aspiren a ser un día tan cultivados como productivos, unidos por el respeto a una verdad histórica no siempre fácil, por el amor a las diferencias cercanas –que no son drásticas, sino graduales–, por la promesa de un tejido rico en espacios naturales, en tradiciones culturales, en potencial imaginario –artístico, humanístico, científico–, que no acaba de fortalecerse porque quienes se apoderan de la madeja tiran de ella hacia fuera del bastidor. Sólo reconocen su país como marca competitiva, con eventual ayuda del dopaje. Antes de ser posible, ese horizonte debe resultar deseable; y ahora escasean los argumentos para ello.

El nuevo roto en el tejido ibero tiene sus reponsables: son los que no dejan de agitar símbolos mientras burlan y trastocan leyes, los que intentan manipular las audiencias que dicen representar, los que evaden oscuros capitales lejos del alcance de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Deben quedar al margen de las decisiones, pagar sus delitos y guardar prudente silencio. No le faltaban motivos al juez Garzón –con mejores o peores argumentos– para intentar que la corrupción fuera tratada por los tribunales en los mismos términos que el terrorismo. El delito económico destruye la sociedad. Ha adquirido en España carácter de alta traición.

Una constante histórica que conviene tener presente es la reiterada connivencia de los reflujos autoritarios en España con algún poder foráneo bajo el que sus intereses se cobijan. Carlos V inauguró los afanes imperiales en tratos con los bancos centroeuropeos. Las leyes de Castilla se impusieron a los fueros de la Corona de Aragón por decisión absoluta de Felipe V, aconsejado por su abuelo el Rey Sol de Francia, mientras agradecía en sentido contrario la fidelidad de vascos y navarros a los Borbones. Franco ganó una guerra con intención declarada de exterminio sirviéndose del apoyo decisivo de la moderna industria militar del eje fascista, ante la pasividad del resto de Europa, y prolongó su dictadura con ayuda del Plan Marshall.

Así hasta el giro espectacular del PSOE para adherirnos a la OTAN, hasta la reunión angloespañola de las Azores ante la guerra de Iraq, hasta la dependencia creciente respecto de la banca aliada y de las grandes corporaciones que se beneficiaron de la reconstrucción de Europa. Se diría que el pueblo español no merece todavía más que el desprecio y la desconfianza de las clases dirigentes, ya sean españolas o extranjeras. Está llegando la hora de resolver esa tara endémica, y eso sólo puede hacerse fortaleciendo el sentido crítico de las nuevas generaciones.

Contamos con la aportación de una escuela de buenos historiadores a los que tendríamos que prestar más atención que al telediario. Ni el nacionalismo salido de un imperio derrumbado ni el que reclama fueros de antiguo reino son ideales que permitan pensar el porvenir. Representan privilegios obtenidos por terratenientes y mercaderes apegados a una tradición oscurantista, inventora de falsos linajes sublimados por las leyendas románticas, que excitaban el nacionalismo del pueblo cuando les convenía –como ocurre en nuestros días– o aprovechaban sus reacciones frente a la torpeza autoritaria de la politica central.

Las clases populares, en todas las comunidades del estado, tenemos pendiente la tarea de imaginar un fuero democrático compartible, que permita pactar entre pueblos cercanos el grado de implicación en proyectos comunes, sin dejar que las oligarquías –viejas o nuevas, de casta o de grupo de presión– manipulen nuestras emociones.